Trump pide archivar el caso electoral de Washington alegando “inmunidad presidencial” | Internacional

Donald Trump, este miércoles, ante el juzgado de Nueva York donde se celebra el juicio civil contra él por fraude.MIKE SEGAR (REUTERS)

Donald Trump lanza una contraofensiva legal en los tribunales. En la misma semana en que se le juzga en Nueva York por un caso civil de fraude empresarial, el expresidente ha puesto en marcha dos iniciativas relevantes en dos de los cuatro casos por los que está imputado penalmente. En el caso de Washington por sus intentos de anular la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, Trump alega “inmunidad presidencial” al indicar que realizó sus actos en el ejercicio de su cargo. En el caso de Florida por los secretos que retenía en documentos clasificados como confidenciales, lo que piden los abogados es retrasar el juicio al menos hasta mediados de noviembre de 2024 (esto es, después de las elecciones presidenciales). Argumenta que entra en conflicto con el calendario de otros casos, de modo que le obligaría a estar en dos sitios a la vez.

La moción presentada este jueves ante el juzgado de Washington, de 52 páginas, empieza señalando que el presidente de Estados Unidos es el núcleo del sistema de Gobierno, el líder de la nación, el jefe del Estado y el jefe de Gobierno. “Para garantizar que el presidente pueda ejercer su cargo sin vacilaciones, sin temor a que sus oponentes políticos por decisiones que no les gusten, la ley establece la inmunidad absoluta “para actos dentro del ‘perímetro exterior’ de la responsabilidad oficial [del Presidente]”, alega, citando varios precedentes del Tribunal Supremo, que eventualmente podría estar llamado a decidir también en este caso.

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“Rompiendo 234 años de precedentes, la Administración en funciones ha acusado al presidente Trump por actos que se sitúan no solo en el ‘perímetro exterior’, sino en el núcleo de sus responsabilidades oficiales como presidente. Al hacerlo, la acusación no argumenta, ni puede argumentar, que los esfuerzos del presidente Trump por garantizar la integridad de las elecciones y abogar por ella estaban fuera del ámbito de sus funciones”, argumenta el escrito.

“Por el contrario, la acusación afirma falsamente que los motivos del presidente Trump eran impuros que supuestamente ‘sabía’ que los informes generalizados de fraude e irregularidades electorales eran falsos, pero trató de abordarlas de todos modos. Pero como dejan claro la Constitución, el Tribunal Supremo y cientos de años de historia y tradición, las motivaciones del presidente no deben ser decididas por la fiscalía ni por este Tribunal. Por el contrario, cuando, como en este caso, las acciones del presidente están dentro del ámbito de su cargo, es absolutamente inmune a la acusación”, dice el núcleo central de la argumentación.

El fiscal sostiene que los actos con los que Donald Trump trató de amañar los resultados e impedir la certificación de Joe Biden no pueden considerarse de ninguna manera que fueron realizados en el ejercicio de su cargo. Los abogados de Trump, en cambio, lo presentan como si lo que buscase el presidente no fuera hacer trampas, sino conseguir que el proceso fuese limpio, “garantizar la integridad de las elecciones”. Como algunas de sus actuaciones fueron tan groseras, dedican un apartado a argumentar que “la naturaleza del acto, y no la forma en que se lleva a cabo o su supuesta finalidad, determina si entra dentro del ámbito de la inmunidad”, citando de nuevo precedentes del Supremo.

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Como con tantas cosas en Derecho, caben interpretaciones diferentes de unos mismos hechos. Aunque es seguro que el fiscal se opondrá a la moción y es probable que la jueza Tanya Chutkan también la rechace, es más difícil pronosticar lo que sucederá en tribunales superiores, especialmente en el Supremo, con su supermayoría conservadora de seis magistrados de los nueve magistrados, tres de ellos nombrados por el propio Trump. Es una de las mayores bazas de la defensa frente a los cuatro cargos de que está acusado en el caso de Washington, cuyo juicio está agendado para el 4 de marzo de 2024, víspera del Supermartes, un día clave en las elecciones primarias de Estados Unidos.

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Para después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre del año es próximo es para cuando han pedido los abogados de Donald Trump a la jueza Aileen Cannon que se retrase el juicio de Florida por la retención ilegal de secretos relacionados con la defensa y otros delitos conexos, esto es, el caso de los papeles clasificados de Mar-a-Lago. Ya lo hicieron en julio, alegando lo cargado de la agenda del expresidente, especialmente en año electoral. Entonces decían: “El presidente Trump es candidato a la presidencia de los Estados Unidos y actualmente es el probable candidato del Partido Republicano. Esta empresa requiere una enorme cantidad de tiempo y energía, y ese esfuerzo continuará hasta las elecciones del 5 de noviembre de 2024″.

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En el nuevo escrito, los abogados no mencionan las elecciones, pero piden que el juicio se retrase hasta mediados de noviembre o más tarde, es decir, después de las elecciones. Indican que “la fecha del juicio del 4 de marzo de 2023 en el Distrito de Columbia, y el calendario subyacente en ese caso, actualmente requieren que el presidente Trump y sus abogados estén en dos sitios a la vez”.

El juicio de Washington, efectivamente, puede alargarse hasta solaparse con trámites del caso de Florida e impedir que se cumpla el calendario fijado, que apunta a un inicio del juicio para el 20 de mayo. Además, alegan retrasos de la Fiscalía en la aportación de documentos del caso.

Trump también ha pedido retrasar el juicio de Washington, en este caso hasta 2026. Dilatar los procesos es una de las tácticas de defensa que han usado habitualmente sus abogados. En estos dos casos federales, además, dejar los juicios para después de las elecciones puede permitirle nombrar a un fiscal general al frente del Departamento de Justicia que retire los cargos o, más aún, autoindultarse en caso de resultar condenado.