La decisión de Ferrovial de trasladar su sede social y fiscal a Países Bajos en busca de mayor estabilidad jurídica puede haber marcado un antes y un después en la relación de las grandes empresas del Ibex con el Gobierno. El tono flemático con el que hasta hace unos días los portavoces de banca y energéticas criticaban los nuevos gravámenes aprobados por el Gobierno ha mutado de forma repentina hacia algo mucho mas crudo y descarnado. “Venimos viéndolo desde hace unas semanas, las grandes empresas se han hartado ya de maniobras del Gobierno”, confió una fuente del ámbito fiscal.
“No podemos callarnos”, proclamó ayer javier molina, director fiscal de Santander España, en el debate marco de una mesa celebrado en el Congreso Fiscal 2023 de Lefebvre que reunió a los responsables del área fiscal de Santander, Iberdrola y Repsol. “Si no tenemos cuidado con lo que admitimos que se haga en el sistema tributario podemos llegar a una deriva peligrosa. Urge levantar la voz contra situaciones en las que los poderes públicos sin un mínimo análisis de impuestos que tienen un impacto brutal ya no solo sobre las compañías sino sobre toda la economía”.
El responsable de fiscalidad de Santander España se refiere a los gravámenes a banca y energéticas, que coincidentemente en calificar como impuestos (no prestaciones patrimoniales no tributarias, como pretende el Gobierno) y contrarios a la Constitución, pero pronto el debate viró hacia la falta de seguridad del entorno fiscal.
Una figurada «tosca» y «cutre»
“Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana le puede tocar a otros”, advirtió el responsable del área fiscal de Repsol, Luis López Tello. “El Gobierno se presentó a sí mismo como un gobierno justiciero que le quita a los ricos para dárselo a los pobres y señala quienes son los malos. Es una maniobra política encomiable, con la apariencia de un impuesto ‘Robin Hood’, pero económicamente desastrosa”.
«¿Es posible que la persona que entiende el gravar a la banca ya las energías resulte popular, pero convendría no olvidar que estamos hablando de las empresas llamadas a déarrollar las inversiones necesarias par la transición energética y las que la tienen que financiar y que se se ha justificado con argumentos que no son ni legales ni constitucionales”, subrayó el global tax manager de Iberdrola, Begoña García Rozado.
«Es todo tosco y cutre. por la seguridad jurídica», concluyóyó.