La derecha consuma su rebelión contra las zonas de bajas emisiones (ZBE). El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento de Badalona —que preside con mayoría absoluta desde el pasado junio— aprobará en el próximo pleno solicitar una moratoria de tres años en la aplicación de multas en su zona de bajas emisiones (ZBE), que entró en vigor este año y tenía previsto multar desde el 1 de enero de 2024. La Ley de Cambio Climático obliga a que los 151 municipios españoles de más de 50.000 habitantes cuenten ya con una de estas áreas de tráfico restringido, aunque por ahora tan solo la tienen 14 (entre ellas, Badalona). El Gobierno central responde que fiscalizará todos los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation —dos millones de euros en el caso de Badalona— que el municipio tendrá que devolver las ayudas europeas si no ponen en marcha el proyecto como se habían comprometido.
Las zonas de bajas emisiones (ZBE) son áreas, situadas en su mayoría en el centro de las ciudades, en las que se limita la circulación o el aparcamiento de los vehículos más antiguos, según el sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Aquellos coches y motos sin etiqueta suelen tener vedado el acceso (en ciertos horarios, o a cualquier hora), los coches con etiquetas B o C pueden tener (o no) alguna restricción, mientras que los Eco y los Cero (eléctricos) pueden circular sin problemas. Sirven para mejorar la calidad del aire y mejorar la salud de los ciudadanos.
Lo usual es que las ZBE se pongan en marcha con un periodo informativo, sin multas, pero al cabo de unos meses comienzan a multar a los infractores. Así ocurrió con Madrid Central —primera zona de este tipo en España—, donde en 2019 el recién elegido alcalde, José Luis Martínez-Almeida, intentó poner en marcha una moratoria a las multas que los jueces tumbaron.
La ordenanza que acompaña la ZBE de Badalona fija que no puedan circular los coches sin etiqueta ambiental de la DGT los días laborables de 7.00 hasta las 20.00. Inicialmente, a los vehículos infractores el Ayuntamiento les está enviando cartas informativas avisando de que a partir del próximo 1 de enero comenzará a multar. La sanción prevista es de 200 euros a turismos de hasta ocho plazas y motos (con un 30% de incremento para los reincidentes). La idea inicial era que siete meses más tarde, a partir del el 1 de julio de 2024, también se sancionaran furgonetas, camiones y autobuses.
Ahora, el alcalde de Badalona paraliza este plan. “Aprobamos aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de la ZBE (Zona de Bajas Emisiones) en Badalona —que tenía que entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2024—. No se puede castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”, ha señalado en un mensaje en la red social X (antes Twitter).
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El Ministerio para la Transición Ecológica responde. “Es el peor ejemplo de negacionismo y regresión. Darlo a conocer justo en la semana de la movilidad demuestra que la salud de sus ciudadanos les trae sin cuidado”, señala una portavoz a EL PAÍS. Y advierte: “El Ayuntamiento de Badalona ha recibido fondos europeos para implementar su zonas de bajas emisiones. El Gobierno fiscalizará todos los proyectos y tendrán que devolver las cuantías si no los implementan en forma y plazo”.
Según datos del Ministerio de Transportes, el Consistorio ha recibido casi dos millones de fondos europeos Next Generation para medidas de movilidad sostenible, entre las que se incluyen más de un millón para la implantación de la ZBE, 540.000 euros para la urbanización del entorno del Intercambiador del Campus de Can Ruti, y más de 300.000 para la mejora de la eficiencia de la red de autobuses de la localidad. En total, 1,9 millones, de los que el Ayuntamiento ya ha recibido 1,3 millones. Son esos fondos los que están en riesgo.
“El planteamiento de Badalona es inaceptable, se están saltando la ley”, denuncia Miguel Ángel Ceballos, portavoz en la materia de Ecologistas en Acción. “Hay una obligación legal y moral por parte de los ayuntamientos de proteger la salud de los ciudadanos, y demorar una medida esencial para la calidad del aire como las ZBE deja desasistidos a sus ciudadanos más vulnerables, como los niños, mayores y personas con enfermedades cardiorrespiratorias”, prosigue. Y finaliza: “Este tipo de actitudes insumisas frente al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático nos parece infame. Vamos a estudiar acciones administrativas y judiciales”.
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Polémica con las restricciones de tráfico
Las zonas de bajas emisiones suelen ser polémicas en sus inicios, aunque después la mayoría de los ciudadanos comprueban sus efectos positivos en la reducción del tráfico y la mejora de la calidad del aire. El PP denunció Madrid Central en los tribunales y consiguió su anulación, aunque al final acabó aplicando una restricción similar e incluso la mejoró más adelante.
Mientras, Barcelona fue la segunda ciudad en España en implantar una ZBE. Su puesta en marcha, anunciada en 2018 y en vigor desde 2020, fue muy polémica y desde antes de entrar en vigor se aplicaron cambios en el diseño inicial. Entre otras cuestiones, se ajustaron los permisos para que familias sin recursos que tienen coches sin etiqueta y los necesitan para trabajar pudieran circular; o se alargaron las moratorias para vehículos especiales (funerarios, de venta ambulante) o que requieren grandes inversiones, como los autocares o camiones de gran tonelaje.
Ya aplicada, el modelo Barcelona fue en el que se inspiró el Ministerio para extender su implantación en los municipios de más de 50.000 habitantes de toda España. Pese a todo ello, la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló en marzo de 2022 la ordenanza de la ZBE Barcelona. La anulación, recurrida por la ex alcaldesa Ada Colau ante el Tribunal Supremo, respondió a seis recursos presentados por diez asociaciones o gremios (en su mayoría vinculados al motor o al transporte de personas o mercancías), que fueron debatidos de forma conjunta por el tribunal.
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