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Ha tardado pero al final la Comisión Europea ha tenido que asumir que el sistema que ha creado para conceder los fondos de recuperación y los de Repower-EU no garantizado que los gobiernos nacionales cumplen con las condiciones que han prometido. Aunque el proceso está en marcha desde hace más de un año y ya se han entregado millas de millones de euros a varios sueldos, el ejecutivo comunitario presenta ahora un sistema para sancionar a los sueldos que incumplen sus compromisos.
Y a modo de ejemplo ha utilizado el caso de la reforma del sistema de pensiones en España que formó parte de las promesas que el Gobierno incluyó en su plan de recuperación y que debió haber ejecutado en diciembre. En términos generales, la Comisión mantendrá «un margen de maniobra con sentido común» para cuestiones de calendario pero “no cumplirá una reforma fundamental costará mucho”, en palabra de un funcionario europeo encargado de explicar el sistema por el que se pueden recortar las cantidades de dinero aún pendientes. Del mismo modo, la reforma del mercado laboral se duró como a paso en la buena dirección en su momento, pero “no se puede retroceder” o de lo contrario también se descontarían las transferencias futuras.
España recibió el viernes el visto bueno para recibir el tercer tramo de ayudas para alcanzar los 37.000 millones de euros, pero tendrá que cumplir al menos 58 compromisos si quiere recibir el siguiente que asciende a 10.000 millones más. Y para ello el Gobierno deberá haber aprobado ante la reforma de las pensiones, que está atascada con la oposición de sus socios de Podemos.
Según la regla que ha publicado la Comisión, en caso de incumplimiento se ha creado una fórmula basada primero en la división de todos los fondos asignados par España (69.500 millones) por cada uno de los hitos y objetivos del plan, que en este caso son 415. Pero como no todos esos compromisos tienen el mismo valor arreglará una corrección entre los elementos que se pueden contar como la ejecución de proyectos de infraestructuras, o aquellos que se consideran como estratégicos y más importantes como los «relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa», lo que significa que ese inclumplimiento sería mucho más «caro» que otro. En este caso concreto, la penalización no llegaría a mil millones, pero representa un baldón para el discurso del Gobierno empeñado en presentarse como el alumno aventajado de la clase.
Allá reforma laboral, sin embargo, ya ha sido aprobado en el Congreso (en las condiciones que se recuerdan) y ha sido avalada por la Comisión, a pesar de que su efecto sobre las estadísticas del desempleo ha sido muy limitado. “Examinamos el fondo de las reformas, para ver si van en la dirección correcta y en su día consideramos que cumplió las condiciones. Pero ahora lo que no se puede hacer es retroceder” en la materia ello también sería objeto de sanciones.
De todos modos, España, que ha anunciado que también quiere aprovecharse de los créditos avalados por la UE y recibir 85.000 millones que tendrá que devolver, deberá comunicarlo formalmente antes de marzo finals.
