Importantes inversores extranjeros podrían recuperar las millonarias indemnizaciones reconocidas por diversos arbitrajes internacionales tras los drásticos a las renovables que hubo en nuestro país a través de la indemnización que tiene que cobrar el Estado español por el Prestige desastre.
Hay que subrayar que sólo los inversores extranjeros en las plantas españolas pueden recurrir a los arbitrajes internacionales, ya que los los inversores nacionales únicamente pueden acudir al Tribunal Supremoel cual, refrendó la nueva norma de 2012.
En concreto, este periódico ha confirmado varios casos, entre los que encuentra el de Infraestructure Services Luxembourg y Energía Termosolar, cuyos representantes han solicitado al Superior Court of London que deduzca de los 925 millones de euros en indemnizaciones de la London Steam-Ship Owners Mutal Insance –la aseguradora del Prestige– que tiene pendiente de cobrar el Estado español los 120 millones que todavía no les ha abonado nuestro país. La vista se celebrará en la última semana de este mes.
Esos inversores de Luxemburgo y de Alemania demanderon a España en noviembre de 2013 por la nueva regulación aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy supuso una importante rebaja de los ingresos previstos. Ellos no fueron los únicos y, hasta hoy, se han presentado 51 demandas de arbitraje en distintas organizaciones internacionales, sobre todo, ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), institución del Banco Mundial. La suma de las indemnizaciones solicitadas alcanza los 10.000 millones.
En junio de 2018, este corte condenó a españa por cambiar el régimen regulatorio, lo que ocasionó que «los pagos de la prima esperados conforme al real decreto 661/2007 superaban considerablemente a los pagos especiales estipulados por el nuevo régimen (ley 15/2012)» qu’afectaban a las plantas Andasol localizadas en Granada y participadas por esos inversores. El Ciadi también recibió la solicitud de los representantes legales del Estado de que este tribunal no tenía jurisdicción en el caso.
Fuentes de estos inversores confirma que “la negativa de España a pagar esta deuda es un incumplimiento de sus obligaciones de tratados internacionales en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía, el convenio del Ciadi y la Convención de Viena”.
ningun laudo se ha pagado
Precisamente, la decisión del Gobierno español de no pagar las indemnizaciones dictaminadas por los arbitrajes es uno de los motivos por los que nuestro país ha dejado de pertenecer al Tratado de la Carta de la Energía.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica apuntan que de los 51 arbitrajes presentados, se han dictado 28 laudos, dos se han anulado, otros 20 están pendientes y tres Claimants han desistido.
Y subrayan que “los laudos han rebajado sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de rondar 12% a pedido, una proporcionalidad muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes, y que, además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan indemnizaciones cada vez más bajas”.
agreguen que “en los casos en que las pretensiones de los solicitantes han sido parcialmente admitidas, España ha formulado recurso de anulación. Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar«.
Desde el departamento de Teresa Ribera destacan que ‘además, los pagos pueden ser contrarios al Derecho de la UE constituyen una ayuda de Estado ilegal allí. En consecuencia, España recibirá un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea por la que aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración. España no puede pagar antes de la Comisión se pronuncia, de modo que obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales”.
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