Iuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, disolvió la Asamblea y convocó elecciones legislativas, tras la dura derrota del bloque de izquierda, en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el objetivo era aclarar la situación política en un país más polarizado que nunca. España finalmente está lejos de la marca. La votación, el domingo 23 de julio, resultó en una situación de bloqueo aún mayor que la que prevaleció. No surge una mayoría clara y no se excluye la perspectiva de nuevas elecciones.
La única satisfacción para el poder de turno es haber frenado la debacle que las encuestas prometían a la coalición progresista. Finalmente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dirigido por el Sr. Sánchez y el conservador Partido Popular (PP) dirigido por Alberto Núñez Feijoo están en igualdad de condiciones al avanzar uno y otro en detrimento de los extremos. Pero esta vuelta a favor del bipartidismo es una farsa, porque los dos grandes partidos quedan obligados con sus respectivos aliados, sin que estos últimos puedan proporcionarles la mayoría absoluta.
La ganancia, para el PP, de una cincuentena de escaños y 3 millones de votos más que en 2019, durante las últimas elecciones legislativas, sugiere que dio un útil reflejo de voto a la derecha. Una exigua satisfacción para el señor Feijoo, en la medida en que esta dinámica no permite que los conservadores gobiernen ni solos ni con el partido de extrema derecha Vox.
Las dos fuerzas políticas ya formaron alianzas desde las últimas elecciones locales para gobernar en decenas de ciudades y regiones. Pero la perspectiva de tal coalición a nivel nacional, sin precedentes desde la muerte de Franco en 1975, sirvió como contraste para un partido del electorado. Voz al revés. Es un relax para buena parte de los españoles y europeos.
Concesiones a los separatistas
Si el PSOE hace mejor que esperar, sigue siendo una victoria pírrica, porque la única posibilidad de que Sánchez se presente como candidato sería unir fuerzas con los ultraindependientes Catalan Junts. El precio a pagar por el Primer Ministro podría ser exorbitante si se comprometiera a convocar un referéndum sobre la independencia de la región como no dejaría de exigir este partido. Esta solución no parece muy creíble ni constitucional ni políticamente. Durante la campaña electoral, el Primer Ministro saliente fue duramente atacado por las concesiones otorgadas durante su mandato a los separatistas. El gobierno anterior sobre tales bases solo será suficiente para agravar las fracturas que atraviesan el país.
La reconfiguración del panorama político, que pone en venta a los dos grandes partidos, no conduce, por tanto, a una mayor estabilidad. Por el contrario, el período venidero corre el riesgo de dar lugar a interminables regateos que contribuirán a acentuar la polarización. España ya había vivido dos situaciones de bloqueo político en 2015 y 2019, que llevaron a la convocatoria de nuevas elecciones para lograr la mayoría. El nuevo callejón sin salida resultante de las urnas del domingo no hace más que confirmar que el país se vuelve cada vez más ingobernable. No hay garantía de que las nuevas elecciones puedan producir una mayoría estable. Sólo una gran coalición podría abrir nuevas perspectivas. Pero, ¿quién puede creer en este escenario, cuando los antagonismos entre PP y PSOE nunca han sido tan profundos?
