Los jubilados chinos habían advertido que vendrían en gran número. Una semana después de pequeñas manifestaciones, decenas de miles de ellos se reunieron en Wuhan (centro) y Dalian (noreste) el 15 de febrero para manifestarse en contra de una reducción en su cobertura de salud. Los ancianos movilizados durante esta protesta excepcionalmente numerosa denunciaron los recortes que consumen el monto que la seguridad social les reembolsa todos los meses.
En otros lugares, los empleados públicos han visto recortados sus salarios, se han recortado los servicios de autobuses y, este invierno, la calefacción se ha racionado en las ciudades del norte. Las empresas incluso han sufrido cambios arbitrarios, hasta el punto de que Pekín ha tenido que llamar al orden a algunos municipios. ¿Qué tienen en común todas estas prácticas? Falta de fondos en las arcas de los gobiernos locales.
En cuestión, el costo de las medidas para controlar la epidemia, que se disparó en 2022, en particular por las pruebas PCR obligatorias cada dos o tres días en las grandes ciudades. Al mismo tiempo, los ingresos fiscales han caído debido a la desaceleración de la economía. En 2022, China experimentó un crecimiento del 3%, apenas mejor que en 2020, año de la explosión de la pandemia de la Covid-19, cuando el crecimiento había alcanzado el 2,24%. Estas son las peores puntuaciones en cuarenta años.
Proyectos a menudo excesivos
Otro punto negro para las finanzas locales: la caída del sector inmobiliario. Hasta 2021, las ventas de terrenos a promotores proporcionaron, en promedio, el 40 % de los ingresos de las autoridades locales. Cayeron un 30% en 2022. En estas condiciones, uno se pregunta cómo las autoridades locales, acostumbradas a apoyar el crecimiento a través de grandes proyectos de infraestructura, podrían hacerlo en 2023. La mayoría de las provincias chinas ya han publicado objetivos ambiciosos para aumentar el producto interno bruto (PIB) , a más del 5% para el año en curso.
El año pasado, la deuda total de China alcanzó el 295% del PIB, un récord desde 1995, dijo el Banco de Pagos Internacionales, en diciembre de 2022. El 90% del gasto público. Reglas de endeudamiento muy estrictas, pero con efectos perversos, explican esta situación.
Para eludir estos estándares, las autoridades locales han establecido plataformas de inversión (vehículos de financiación del gobierno local, LGFV) a operación opaca. Resultado: en 2022, la deuda total de las ciudades y provincias aumentó un 15%. En 2023, los gobiernos locales tendrán que pagar 3,67 billones de yuanes (499.000 millones de euros) de deuda, según cálculos de la empresa china de análisis de datos Wind.
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