IHace unos días, el economista jefe de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea disfrutaba de un relativo anonimato fuera de los círculos comunitarios. Sin embargo, se trata de un cargo cuyo titular juega un papel central en las decisiones que puede tomar Margrethe Vestager, la comisaria encargada de investigar las conductas anticompetitivas de las empresas, autorizar fusiones y adquisiciones, pero también convalidar las ayudas estatales al sector privado. El anuncio, el martes 11 de julio, del nombramiento de la estadounidense Fiona Scott Morton dio a esta función una visibilidad inesperada al permitir una viva polémica, de la que Bruselas podría haberse ahorrado al menos una de las elecciones europeas.
El perfil del candidato es problemático por varios motivos. En primer lugar, es extraño que la Comisión decidiera llamar a un ciudadano de los Estados Unidos para ocupar un puesto tan delicado dentro de una dirección general donde la noción de soberanía ocupa un lugar central. En principio, las instituciones de la UE están obligadas a contratar a ciudadanos de la UE. Desviarse de esta regla para tal posición parece incomprensible.
El nombramiento es tanto más impactante como la carrera de M.A mí Scott Morton hace la pregunta en relación a los expedientes sobre los que tendrá que decidir. Presentada como una brillante docente de la Universidad de Yale (Connecticut), ex jefa de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, menciona en su currículum una actividad de «consultor independiente» lo que la llevó a asesorar a gigantes digitales estadounidenses como Apple, Microsoft y Amazon. Tantas empresas que la UE escruta por sus prácticas anticompetitivas y que ahora se somete a una nueva regulación más dura.
El revelador de una cierta desconexión
La Comisión Europea argumenta que el cabildero estadounidense fue el «mejor candidato» para ocupar el puesto. Que un espacio de veintisiete países con uno de los arsenales antimonopolio más avanzados del mundo no sería capaz de proporcionar talento capaz de rivalizar con las habilidades de MA mí Scott Morton uno para sorprender.
La Comisión trató de calmar la controversia al considerar que MA mí Scott Morton podría ser excluido durante dos años de los archivos relacionados con las empresas para las que trabajaba como consultora. El argumento sugiere que efectivamente existe un riesgo de conflicto de intereses. Además, si tiene que retirarse de asuntos que están en el centro de la estrategia europea sobre la supervisión de lo digital, su nombramiento pierde buena parte de su justificación.
Que la Comisión no vea el efecto devastador de tal decisión es indicativo de cierta desconexión. Cualquier nombramiento tiene una dimensión política que Margrethe Vestager y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, pretenden ignorar. Esta elección sólo puede alimentar sentimientos euroescépticos, en un viejo trasfondo de antiamericanismo que, desde hace varios días, se ha desatado.
Si bien a pocos meses de que finalice su mandato, la Comisión puede felicitarse por el trabajo realizado en la regulación de la tecnología digital, está cometiendo un paso en falso que está alimentando reflejos populistas en vísperas de las cruciales elecciones europeas. Los presidentes de los tres primeros grupos políticos del Parlamento Europeo (centristas, socialistas y conservadores) lo saben muy bien. Ellos encuestados MA mí Vestager a renunciar a este nombramiento. Ella haría bien en escucharlos.
