Garantizar que los comerciantes belgas ya no puedan rechazar efectivo: este es el proyecto que el viceprimer ministro belga y ministro de Economía, Pierre-Yves Dermagne, espera materializar para el verano. Sorprendente a priori, la iniciativa surge del creciente número de denuncias registradas por su ministerio. Y, quizás, por el hecho de que los comerciantes, pequeños o grandes, se han visto todos obligados, desde 2022, a ofrecer a sus clientes un método de pago… electrónico.
Algunas tiendas ahora citan razones de seguridad, higiene o el riesgo de falsificación de dinero para rechazar monedas y billetes. O decir su deseo de no participar en el blanqueo de capitales, que es otro de los objetivos del Gobierno, que ha limitado los pagos en efectivo a 3.000 euros.
El señor Dermagne, socialista francófono, número dos del Gobierno encabezado por el liberal flamenco Alexander De Croo, pretende restablecer cierta libertad para el consumidor y promover la convivencia entre los dos sistemas de pago, indica Nicolas Gillard, su portavoz.
«Niños, ancianos, inseguros digitales: todos deben poder seguir usando efectivo», el explica. Uno de los otros objetivos del proyecto es hacer posibles las sanciones contra los comerciantes recalcitrantes, lo que no es el caso en la actualidad.
falta de distribuidor
El Sr. Dermagne, apoyado por asociaciones de consumidores, había hecho un primer intento en 2022 de acoplar la obligación de aceptar el pago con tarjeta a la de seguir aceptando efectivo. Sus socios liberales y ambientales tenían poco entusiasmo, como las organizaciones de defensa del comercio. La reciente decisión de la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Bélgica de rechazar en efectivo la compra de un billete a bordo de los trenes, que hasta ahora era posible, ha reavivado el debate.
Le queda al Sr. Dermagne luchar en otro frente para asegurarse de que los belgas que lo buscan, en realidad, encuentren efectivo: en diez años, la mitad de los cajeros automáticos del reino han desaparecido. Un fenómeno que ha empeorado aún más desde la crisis del Covid-19, y que los principales actores del sector lo han aprovechado para reducir el número de sus agencias y hacer que los consumidores vuelvan a ser totalmente digitales.
Invocando la caída en el uso del efectivo y el costo de manejarlo, los bancos se preparaban para reducir aún más el número de distribuidores de manera muy marcada, con la promesa, sin embargo, de distribuirlos mejor en todo el territorio. Finalmente, a finales de marzo se llegó a un acuerdo (no vinculante) entre el gobierno y el sector para limitar los cierres previstos. Casi la mitad de las ubicaciones y el 45 % de los dispositivos deberían haber desaparecido para 2025.
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