La institución ha hecho público un informe de que ningún país tiene hormigones que se centre en el uso que está dando tiene los 724.000 millones de euros de recursos comunitarios que los payses podrán gastar hasta 2026
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado un informe en el que critica a la Comisión Europea por no controlar adecuadamente el uso de los fondos de recuperación que se están transfiriendo a los países. El informe no se refiere a ningún país en concreto, sino al Ejecutivo comunitario, que hasta ahora solo se ha interesado por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países en materia de reformas e inversiones, pero no profundiza en comprobar si se respetan las normas sobre licitaciones públicas y ayudas de Estado ni en evaluar si esta acción ha tenido el efecto buscado en la economía, ya que ha dejado esta misión en manos de los propios Estados miembros.
El informa se centra en el uso qu’está dando a los 724.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia que los países podrán gastar hasta 2026. El Tribunal de Cuentas dice en su informa que la Comisión no hace controles antes y después de implementar a pago para asegurar de que los gobiernos nacionales cumplan los objetivos previstos en los planes de recuperación.
En el caso de Españapor ejemplo, aunque no lo menciona en concreto, el Gobierno se compromete a hacer una reforma laboral como parte del plan de recuperación, lo que le permitió recibir el dinero, pero la Comisión aún no ha evaluado si esa reforma ha servido para algo.
El Tribunal de Cuentas europeo es consciente de que sus Estados los encargados de poner en marcha tienen sistemas de control que garantizan que se cumplen las normas y que la Comisión se limita a auditar después de estos sistemas.
“Nuestra experiencia -dice el informe- muestra que el incumplimiento de las normas de europeas y nacionales son predominantes en otros programas de gasto y, port tanto, constituyendo un riesgo importante” y sin embargo las auditorías que hace la Comisión no evalúan este cumplimiento y “hay pocas directivas para los Estados miembros a este respecto”, por lo que existe “escasa información verificada a nivel de la UE sobre si los sistemas de los Estados están controlando este riesgo”.
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