Definitivamente no hay consenso dentro de la comunidad internacional sobre el futuro de los fondos marinos profundos. Reunido durante dos semanas en Kingston, capital de Jamaica, el consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), que a su vez agrupa a 36 de sus 167 estados miembros, no pudo alcanzar, este viernes 21 de julio, la elaboración de un código minero destinado a regular la extracción submarina de metales. Después de difíciles negociaciones a puerta cerrada, la adopción de dicho texto, que se ha estado trabajando durante diez años, se ha pospuesto hasta «el trigésimo período de sesiones de la Autoridad»en 2025.
Inicialmente, el código minero debería haber estado listo este verano, para finalmente imponer normas legales, técnicas y ambientales a las empresas que tienen como objetivo traer a la superficie de los océanos materiales buscados por muchos sectores industriales, en particular el de las baterías. Litio, níquel, manganeso, cobre, plomo, cobalto o mercurio, estos tesoros depositados a profundidades comprendidas entre los 200 metros y los 6 kilómetros, en forma de nódulos similares a grandes bolas de petanca. Las ONG están aún más decepcionadas porque el horizonte de 2025 es solo un “objetivo indicativo”como insistió el mexicano Juan José González Mijares, quien actualmente preside el directorio del AIFM.
Este nuevo informe confirma la separación de los miembros de la organización bajo la tutela de la ONU en dos campos: por un lado, el de los países partidarios de la explotación del abismo, como China, India, Rusia, Bélgica y Noruega, y algunos microestados insulares como la República de Nauru, en Micronesia; por otra parte, la de los países que se oponen a ella, como Francia, o que prefieren contemporizar, una veintena en esta etapa, en nombre del principio de precaución. Entre ellos, Chile, Panamá, Nueva Zelanda, España, Alemania y estados del Pacífico como Fiyi, Samoa, Palau, Vanuatu, a los que se sumaron en las últimas semanas Canadá, Irlanda, Suecia, Suiza y Brasil.
Vaguedad legal
La pregunta ahora es si, en ausencia de un código minero, un país puede presentar ante el AIFM una solicitud de minería en aguas profundas, cuando este último solo ha emitido permisos de exploración desde su creación en 1994. La República de Nauru, con una población estimada de 10.000, así lo cree. “Ya no estamos en un escenario de ‘qué pasaría si’, sino en un escenario de ‘qué pasa ahora’”La embajadora de Nauru, Margo Deiye, dijo esta semana. También aseguró que su gobierno buscará » Pronto « un contrato de extracción para la firma Nauru Ocean Resources Inc. (NORI), formada por la empresa canadiense The Metals Company (TMC), con sede en Vancouver.
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