En México, se está promoviendo un cambio en las leyes para crear un marco normativo que dirija el progreso y la utilización de la inteligencia artificial en la nación. Esta propuesta pretende garantizar que la aplicación de tecnologías que usan IA se lleve a cabo de forma ética, abierta y en respeto a los derechos humanos.
El plan incluye la fundación de una organización novedosa dedicada a vigilar y controlar la inteligencia artificial, con el fin de asegurar que su utilización no perjudique a las personas ni a la sociedad en su conjunto. Asimismo, se pretende que los sistemas de inteligencia artificial se construyan para ser claros, fáciles de entender e incluyentes, evitando cualquier tipo de sesgo o discriminación. Para lograrlo, se definirían reglas específicas sobre la obligación de los creadores, implementadores y usuarios de estas tecnologías, garantizando que asuman la responsabilidad por sus resultados.
La propuesta sugiere incluir principios esenciales en las leyes, como la claridad, la rendición de cuentas, la protección de la privacidad, la salvaguardia, la intervención humana y el respeto a los derechos de las personas. Estos fundamentos proporcionarían una base para la normativa y el avance de la inteligencia artificial en el país, alineándose con los estándares internacionales más efectivos en el área.
Aparte del establecimiento de este organismo regulador, se considera el ajuste de varias legislaciones para alinearlas con el progreso tecnológico y garantizar una defensa apropiada de los derechos de los ciudadanos. Algunas de las leyes sugeridas para su revisión incluyen la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Privados y el Código Penal Federal.
Esta reforma legislativa también tiene como objetivo fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el país, asegurando que México se mantenga a la vanguardia en el ámbito de la inteligencia artificial. Para ello, se busca crear un entorno que incentive la investigación y el emprendimiento en este campo, al tiempo que se protegen los derechos de los individuos y se promueve una sociedad más justa e inclusiva.